VISTO: El Tratado de Asunción, el Protocolo de Ouro Preto, el Protocolo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa; el Acuerdo de cooperación y asistencia jurisdiccional en materia civil, comercial, laboral y administrativa entre los Estados Partes del MERCOSUR y la República de Bolivia y la República de Chile, el Protocolo de medidas cautelares, el Protocolo de asistencia jurídica mutua en asuntos penales; el Acuerdo sobre asistencia jurídica mutua en asuntos penales entre los Estados Partes del MERCOSUR, la República de Bolivia y la República de Chile, el Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR, el Acuerdo sobre traslado de personas condenadas entre los Estados Partes del MERCOSUR con la República de Bolivia y la República de Chile, el Acuerdo marco de cooperación entre los Estados Partes del MERCOSUR y Estados Asociados para la creación de equipos conjuntos de investigación y el Acuerdo de reconocimiento mutuo de certificados de firma digital del MERCOSUR.
Que los tramites electrónicos reducen sustancialmente el tiempo de procesamiento de los pedidos, así como los costos postales, los riesgos de pérdida y, sobre todo, el impacto ambiental.
Que diferentes países, dentro y fuera del MERCOSUR, han adoptado con éxito mecanismos de tramitación electrónica de solicitudes de cooperación en materia civil y penal.
Que las restricciones y la necesidad de adaptaciones derivadas de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 ocasionaron un mayor uso de medios digitales para el procesamiento de documentos y para la realización de diversos eventos a través de sistemas de videoconferencia.
Que ha aumentado el número de países que adoptan y/o aceptan el sistema de firma electrónica para confirmar la autenticidad de los documentos digitales enviados y para la verificación realizada por las autoridades centrales, como parte de sus atribuciones, antes del envío de solicitudes de cooperación. EL CONSEJO DEL MERCADO COMÚN RECOMIENDA:
Art. 1 - Utilizar, siempre que sea posible, medios electrónicos institucionales para tramitar las solicitudes de cooperación jurídica internacional en materia civil y penal, a través de las autoridades centrales, sin perjuicio del envío por medios físicos en los casos en que la opción electrónica no se considere viable.
Art. 2 - Promover el uso de sistemas de videoconferencia como herramienta para facilitar la cooperación internacional en materia civil y penal, de conformidad con la legislación y acuerdos vigentes de los Estados Partes y los medios tecnológicos que se encuentren disponibles.
Art. 3 - Implementar medidas que permitan un margen de seguridad elevado para los intercambios electrónicos entre autoridades centrales, como por ejemplo la firma electrónica. GMC (Dec. CMC N° 20/02, Art. 6) - Montevideo, 05/IV/22.